Puerto Rico paga cada vez más por la electricidad (como si no lo notáramos). Lo que todavía falta es una respuesta clara sobre quién responde por el sistema.

Hay una nueva, y muy particular, forma de agotamiento en Puerto Rico: abrir la factura de la luz, mirar la cifra y sentir que un servicio indispensable para vivir se ha convertido en un lujo que tampoco garantiza tranquilidad.

Desde el 1 de octubre, la tarifa residencial llegó a los 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh), la cifra más alta registrada al menos desde 2020. Para un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kWh al mes, el aumento representó $42.27 adicionales, llevando la factura de $228.59 a $270.86. No estamos hablando de una cifra abstracta. Son $42 que dejan de estar disponibles para la compra del supermercado, los medicamentos, la gasolina o cualquier otra necesidad de una familia. Y para un pequeño comerciante, la diferencia puede traducirse en menos ganancias, decisiones difíciles o la posibilidad de no poder mantener su negocio abierto.

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Y si $42.27 adicionales ya pesan en el presupuesto de una familia, basta mirar lo que está ocurriendo con algunos pequeños comerciantes para entender que la situación puede ser todavía más difícil.

Algunos comerciantes han reportado facturas mensuales de entre $500 y $1,000, mientras que en un caso la cuenta llegó a casi $6,000. En el caso de una cafetería entrevistada, adquirir una planta eléctrica con la capacidad necesaria para operar representa una inversión de entre $12,000 y $15,000. No es un gasto que se resuelva pasando una tarjeta y esperando al próximo día de cobro. Es una cantidad que muchos pequeños empresarios sencillamente no tienen disponible. Y quienes no pueden comprar una planta quedan a merced de un servicio que no siempre está cuando lo necesitan, aunque cada vez les cueste más.

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Algunos comerciantes han tenido que cerrar durante horas de trabajo por las interrupciones eléctricas. Otros han reducido sus días de operación para intentar mantener el negocio a flote. Al final, se enfrentan a una decisión que ninguna persona debería tener que tomar para sostener lo que levantó con años de sacrificio: cerrar y dejar de producir ingresos o abrir, aun sin saber si podrá operar con normalidad. Porque cuando se trata de un pequeño negocio, un día cerrado no significa solamente una puerta abajo. Puede significar ventas perdidas, mercancía comprometida, empleados que dependen de ese salario y cuentas que siguen llegando, aunque ese día no haya entrado dinero.

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Y las cifras van más allá de una factura individual. El Centro Unido de Detallistas advirtió que, si las condiciones actuales continúan sin medidas efectivas de alivio, más de 12,000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus operaciones, poniendo en riesgo cerca de 70,000 empleos. Es una proyección, no una sentencia inevitable. Precisamente por eso debería preocuparnos tanto: todavía hay oportunidad de actuar antes de que esa posibilidad se convierta en la realidad de miles de familias.

Detrás de estas cifras hay personas que han invertido sus ahorros, se han endeudado para echar adelante un proyecto y han sacrificado tiempo con sus familias. Son quienes cada mañana levantan un rolling door con la esperanza de vender lo suficiente para continuar. Es mucho pedirle a ese comerciante que simplemente siga adelante cuando, además de asumir los costos de su negocio, tiene que contemplar miles de dólares adicionales para protegerse de las fallas de un servicio esencial.

Es profundamente injusto que una persona tenga que decidir si utiliza el dinero destinado a la nómina para comprar una planta eléctrica, si reduce sus días de operación para sobrevivir o si sigue abriendo las puertas aun sabiendo que podría perder dinero. Pero existe algo todavía más preocupante: que empecemos a considerar todas esas decisiones como parte normal de hacer negocios en Puerto Rico.

No podemos medir esta crisis únicamente por cuánto aumenta la factura. También debemos medirla por cuántos negocios consiguen sobrevivirla, cuántos empleos se logran conservar y cuántas familias pueden seguir viviendo del trabajo que han construido.

En medio de este panorama, la presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, volvió a señalar que LUMA no compra el combustible, no genera la electricidad y no decide los aumentos tarifarios.

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Hay una distinción importante: LUMA opera la transmisión y distribución de la electricidad; Genera PR y otros actores participan en la generación y el suministro de combustible; y el Negociado de Energía evalúa y aprueba los ajustes tarifarios. Pero explicar quién tiene la autoridad para aprobar un aumento no responde todas las preguntas sobre la responsabilidad de quienes administran el sistema.

LUMA no establece unilateralmente la tarifa, pero sí presenta solicitudes y cálculos que forman parte del proceso. En septiembre, el Negociado aprobó gran parte del ajuste solicitado por la empresa, aunque fijó un cargo menor al que LUMA había pedido y excluyó los cargos por cuentas incobrables que proponía. Al 23 de octubre, el Negociado todavía evaluaba un posible ajuste adicional relacionado con una deficiencia de ingresos estimada en unos $48 millones durante septiembre. Ese posible aumento no estaba aprobado.

El debate no puede detenerse en explicar por qué subió la electricidad. También hay que demostrar qué se está haciendo para que no tengamos que seguir pagando las consecuencias de un sistema vulnerable, costoso y dependiente de combustibles cuyo precio fluctúa en los mercados internacionales.

Si falla la generación, las entidades responsables deben responder por el funcionamiento y mantenimiento de sus plantas. Si la red requiere mantenimiento, LUMA debe responder por las tareas que le corresponden. Si se solicitan aumentos, la empresa debe justificar los cálculos que presenta y el Negociado tiene que examinarlos antes de trasladar los costos al consumidor. Su trabajo no puede limitarse a convertir números en tarifas: tiene que proteger el interés público.

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El Gobierno, por su parte, no puede limitarse a denunciar los aumentos cuando la indignación ciudadana se hace imposible de ignorar. Tiene que demostrar qué medidas concretas tomará, cuáles puede ejecutar y qué resultados espera obtener.

La electricidad muestra las consecuencias de la política mucho más allá de los discursos. Está en la nevera que conserva los alimentos, en el equipo que necesita una persona enferma, en el pequeño negocio que intenta sobrevivir y en la familia que trabaja para pagar sus gastos sin saber cuánto le costará mantener las luces encendidas el próximo mes.

Mientras tanto, la papa caliente pasa de una entidad a otra: una señala a la siguiente, la otra presenta sus explicaciones, el regulador evalúa y el Gobierno cuestiona. Todos parecen tener una razón para explicar lo que ocurre. Lo que todavía necesitamos es una razón para confiar en que algo va a cambiar.

No se trata de atribuirle a LUMA toda la culpa de una crisis que precede a su llegada y que también involucra problemas estructurales de generación, dependencia energética, contratos y decisiones gubernamentales acumuladas durante años. Se trata de exigir que cada cual responda por la parte que le corresponde, sin utilizar la complejidad del sistema como una puerta de salida.

Al ciudadano no le corresponde resolver las disputas entre empresas, descifrar las estructuras tarifarias ni determinar qué oficina tiene la competencia para atender cada falla. Le corresponde pagar por un servicio esencial y exigir que quienes tienen el poder de administrarlo, regularlo y transformarlo hagan su trabajo.

La factura de la luz no llega dividida según las responsabilidades de cada entidad. Llega completa.

Puerto Rico no necesita únicamente que le expliquen por qué la luz está tan cara. Necesita saber qué se va a hacer para que deje de estarlo, quién se hará responsable y cómo se medirá si cumplió.

Porque una explicación puede aclarar una factura. Solo los resultados pueden devolver la confianza.